Fuente: Cifras registradas por el IFE
Las elecciones del año 2000 fueron escenario de escándalos en materia de gastos de campaña, debido a la emergencia pública de dos hechos que ponían en duda el
funcionamiento de esta nueva legislación, uno es el caso de
los Amigos de Fox y el otro, el Pemex Gate. Los amigos de Fox Como es de conocimiento general y público, Vicente Fox
Quesada llegó a la presidencia de la República apoyado por fuertes grupos empresariales que se hicieron llamar amigos de Fox. En principio, se manejaba un discurso que aludía
sólo al apoyo individual más que monetario de estos grupos a la campaña el candidato Panista. Sin embargo, luego
de la elección presidencial, el ahora senador Priista Enrique
Jackson presentó a la prensa nacional una serie de cheques
donde se aparecían claramente montos de dinero que superaban el tope de gastos de campaña y que sin lugar a dudas
habían sido aportados por este grupo de empresarios.
Luego de la denuncia, el Instituto Federal Electoral
emprendió una investigación, la cual arrojó que en efecto 9
empresas apoyaron de manera ilegal al candidato Panista,
lo que podía poner en peligro la estabilidad política del país
pues para ese momento, Vicente Fox ya había sido electo
Presidente Constitucional.
La cantidad aportada por estas empresas era aproximadamente de 91 millones 227 mil 572 pesos con 23 centavos, cantidad que rebasaba lo permitido por la legislación.
Además, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de
Senadores, aporto la cantidad de 675 mil 188 pesos, segundo recurso ilegal.
Pese a ello, las atribuciones del IFE lo limitaban para ir
más allá de una averiguación con base en los informes entregados por la coalición PAN-PVEM luego de las elecciones.
De esta manera, se determinó que de acuerdo a los límites
legales y las normas establecidas en la legislación de gastos
de campaña, ambos partidos serían acreedores a una multa
económica por las siguientes cantidades:
• PAN : $360, 971, 039. 40 (trescientos sesenta millones
novecientos setenta y un mil treinta y nueve pesos 40/100
M.N.) • PVEM: •$184, 198, 610. 05 (ciento ochenta y cuatro
millones ciento noventa y ocho mil seiscientos diez pesos
05/100 M.N.). El Pemex Gate En el mes de enero del año 2002, la Procuraduría General
de la República comienza una investigación contra Rogelio
Montemayor líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos.
La razón, un desvío de dinero para la campaña del candidato Prisita Francisco Labastida Ochoa.
El caso se desarrolló a través de diversos procedimientos en materia penal, electoral y administrativa, así como
uno de extradición en contra de Rogelio Montemayor y uno
de desafuero en contra de dos dirigentes del Sindicato.
La cantidad citada por el IFE sobre la irregularidad es
por un monto de: $48’040,512.05. Finalmente se determinó que el PRI era acreedor a una sanción que representa el 1.30% de la administración del financiamiento público para
sus actividades ordinarias anuales.
En ambos casos, la actuación del IFE estuvo limitada
dado que la legislación no le permite ir más allá en sus
atribuciones de fiscalización y vigilancia. Por otro lado, sus
acciones parecen no más que un intento por mantener la
estabilidad política, sancionando a los partidos, sin que ello
se traduzca en la anulación del proceso electoral.
No obstante y pese a que el Instituto Federal Electoral
ha dado cierre definitivo en ambos casos, es evidente que
tanto para los expertos como para la opinión pública en
general, han quedado lagunas y huecos que muy probablemente lleven a una desventaja a ciertos partidos en las futuras elecciones de 2006. Rumbo al 2006 Una de las grandes preocupaciones a las que se enfrenta
por ahora el IFE, es la futura elección presidencial de 2006.
Dicha coyuntura política, no sólo esta envuelta de expectativas y de tensiones de carácter partidista y político sino
también de la responsabilidad que tiene el IFE como actor
garante de elecciones transparentes y competitivas, lo que
nos une con el asunto relacionado al dinero que se asigna y
se eroga en campañas.
En este sentido el IFE ha determinado para 2006, un
presupuesto que asciende a 12 mil 920 millones de pesos.
El monto representa un incremento del 55% en relación al
presupuesto de las elecciones del 20001
Así mismo, el tope de gastos está establecido de la
siguiente manera:
Al parecer todo está listo en materia de financiamiento, sin embargo, podemos enumerar tres hechos que pueden poner en riesgo la transparencia y credibilidad de la
elección. Por un lado, en este juego de protagonismos políticos más que de competencia partidista, está el asunto de las pre-campañas. No cuenta con reglas claras de operación por lo que cada partido decide cuánto dinero se asigna a los candidatos, lo que pone sin lugar a dudas en
desventaja a los actores o partidos pequeños por no contar con los recursos suficientes para la competencia y peor
aún, se desconoce el origen de los recursos pues no se
hace entrega al IFE de ningún informe sobre ello.
Por otro lado, la discusión de lo altamente costosas
que resultan las elecciones. El presupuesto asignado para
2006 sobrepasa los recursos destinados del Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) al rubro de Desarrollo
Social.
Finalmente, ha raíz de esto el IFE ha tenido que enfrentarse a descalificaciones por parte de precandidatos como
Andrés Manuel López Obrador quien en su intento por
consolidar su propuesta de financiamiento social a través
de llamadas telefónicas además de violar la legislación pone
en duda la integridad de una de las instituciones que más
aporta en el proceso de la consolidación democrática. Consideraciones Finales Como se ha mostrado subrayadamente, la legislación de
gastos de campaña tiene algunas ambigüedades que han
permitido a los partidos violentarla sin que ello se traduzca
en la anulación de la elección. Lo que el país enfrenta en el
2006 no sólo en términos económicos sino más en su traducción política es que el dinero público que se otorga a
los partidos en general y más específicamente para gastos
de campaña sobre pasa lo destinado a otros asuntos que
resultan más prioritarios como la seguridad y la pobreza.
Sin riesgo a equivocarse podemos aseverar que en México
se llevan a cabo las elecciones más caras de Latinoamérica
y mientras no se lleve a cabo una reforma en términos de
reducción de gastos no habrá un avance sustantivo en términos de competencia electoral dado que, el poder se disputa entre sólo tres fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD:
Por otro lado, el Instituto Federal Electoral tiene como
desafío garantizar la contienda de 2006 transparente y equitativa y no sólo eso sino que ahora se enfrenta al protagonismo de actores que han descalificado sus acciones
poniendo en tela de duda su trabajo y así, poniendo en
riesgo la credibilidad de los ciudadanos de que su voto será
respetado.
No nos queda más que decir que a pesar del reconocimiento del esfuerzo y trabajo hecho por el IFE nuestros
procesos encaminados a la consolidación democrática continúan siendo lentos y desarticulados.
Apertura a la libertad de expresión: Fin del culto a la personalidad presidencial y libertad a los medios de comunicación  En México la libertad de expresión es un derecho avalado por
los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución, y competen tanto a la sociedad como a los medios de comunicación. Una de las
principales funciones del poder ejecutivo federal es velar por el
cumplimiento expedito de dicha libertad, mediante acciones que
faciliten su total realización y una postura discursiva congruente
con su accionar. Por su parte, los medios de comunicación tienen
como único límite de su libre expresión el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Imprenta, vigente en nuestro país desde 1917.
Durante el sexenio presidencial de Vicente Fox Quesada se advirtió, por la opinión pública de los medios de
comunicación una ligera modificación en la permisión del ejercicio crítico de la libertad de expresión e información. Esta apertura encuentra sus únicos antecedentes en la historia del presidencialismo mexicano en 1970, al inicio del mandato de Luis
Echeverría Álvarez, quien “asumió su cargo con respeto para las
voces políticas disidentes. Dicha apertura democrática proporcionó a los periódicos más libertad para dar una información crítica”. Sin embargo, esta tolerancia por parte
del ejecutivo fue considerada tácticamente perspicaz, ya que sólo
se debió a la crisis económica y política que atravesaba México en
aquella época. Prueba de ello es la reacción del gobierno federal
cuando destruyó la redacción de la revista. Crisis políticasJuicio de desafuero del 2005.
El 1 de abril de 2005 un subcomité de cuatro diputados permitió el que se realizara el voto del desafuero en el pleno de la cámara de diputados, lo que habría de suceder seis días más tarde, el 7 de abril, en donde en una sesión de la cámara, erigida en jurado de procedencia, se desarrollaron los alegatos legales de la procuraduría y del inculpado. El representante de la PGR, Carlos Vega Memije, se mantuvo en su versión de que el enredo del desafuero era solo de carácter legal, aunque él cayera también en arengas políticas llamando a los diputados a aprobar la consumación del proceso. Su exposición duró más de 30 minutos y excedió el tiempo acordado por la cámara, lo que fue permitido discrecionalmente por el presidente de la mesa directiva , quien tuvo que pedirle a Vega Memije que concluyera una vez que los diputados perredistas reclamaran al percatarse del hecho. En su intervención de defensa el Jefe de gobierno hizo un recuento del contexto del momento, el proceder del gobierno y la intervención de los poderes fácticos : narró el episodio de una reunión del presidente con empresarios, en casa del magnate Rómulo O´ Farril , quienes le reclamaron su incapacidad para imponer privatizaciones y otras políticas neoliberales que esperaban, urgiéndole que para su sucesión no permitiera por ningún motivo que el “populista” de Andrés Manuel llegara a la presidencia de la república, reiterando que por esas motivaciones cuestionables Vicente Fox era el principal instigador del desafuero. Habló de la gran impunidad del pasado reciente (por casos como el Fobaproa y el Pemex Gate ) e ironizó que se le pretendiera juzgar por haber intentado abrir una calle para comunicar a un hospital. Manifestó a los diputados que no esperaba nada de ellos, pues sabía que actuarían por la consigna de las dirigencias de sus partidos, y concluyó: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes y a mí, nos juzgue la historia. Viva la dignidad. Viva México ”.En una sesión que duró 9 horas y media, a donde asistieron 489 de los 500 diputados, se consumó el desafuero con 360 votos a favor (principalmente del PAN-PRI), 127 en contra (principalmente del PRD-PT) y dos abstenciones (un diputado del PRI y la entonces diputada federal panista Tatiana Clouthier, hija del excandidato presidencial Manuel Clouthier). Destacó que para hablar del dictamen, sorpresivamente en contra, intervino el entonces diputado federal priista Roberto Campa Cifrián , quien en tribuna afirmó: “El origen de todo esto no es que López Obrador sea un delincuente; sino que es un candidato peligroso, que nos va a ganar”, alegó también que el PRI permitió el arribo de Fox a la presidencia a sabiendas de que era un “ignorante de la historia, fundamentalista y representante de la derecha radical ” por respeto a la democracia, y que en democracia era el voto el que debía decidir, a la vez que advirtió los riesgos que implicaba el desafuero para la paz social. Tampoco faltaron los tintes picarescos o cómicos durante la sesión, como cuando la diputada priista de línea dura, Sofía Castro, gritó: “Muera el peje”, para celebrar la decisión tomada por el pleno.Al día siguiente se publicó en la sección de cartones de La Jornada, Milenio, el universal y diario monitor ,un fondo negro con la leyenda: “La justicia ha muerto ¡No a la canallada del desafuero!”. El 20 de abril de 2005 dos diputados locales del PAN en la Asamblea Legislativa (Gabriela Cuevas y Jorge Lara ) pagaron una fianza de 2 mil pesos fijada por el ministerio publico , a fin de que con ello el Jefe de gobierno siguiera su proceso sin ser consignado, sin su conocimiento ni consentimiento, alegando que era para evitar que: “López se hiciera la víctima”. En días posteriores familiares de personas privadas de su libertad se presentaron a la Asamblea Legislativa exigiendo que el PAN pagara sus fianzas, mientras que el abogado Javier Quijano, defensor del Jefe de gobierno ante el caso, calificó a los diputados de “sonsos” y denunció la ilegalidad del acto. Se organizó luego una protesta de ciudadanos que hicieron una colecta, en donde lograron reunir los 2 mil pesos en un bote de plástico solo con monedas y fueron a dejarlos a la curul de Gabriela Cuevas, calificando a los diputados de “ridículos” y “transas”, mientras sostenían pancartas con frases como: “La dignidad no vale 2 mil pesos”. Un juez desecharía después la fianza al declarar que por la naturaleza en cómo se había dado era contraria a la ley. Crisis electoral del 2006.
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